Análisis Completo para Casos Sefardíes – Julio 2025
Podcast explicativo de los cambios legales actuales
El gobierno de Luís Montenegro ha implementado las reformas más restrictivas a la Ley de Nacionalidad portuguesa desde 1981, extinguiendo completamente el régimen sefardí y endureciendo significativamente los requisitos de naturalización. Sin embargo, los casos sefardíes presentados antes de septiembre de 2022, como los correspondientes a todos los clientes de Asefarad, mantienen protecciones legales sólidas basadas en principios constitucionales fundamentales.
Esta transformación legislativa, impulsada por la presión política del partido Chega —ahora segunda fuerza parlamentaria con 60 diputados— refleja un cambio profundo en el panorama político portugués. Los expertos constitucionalistas, encabezados por Jorge Miranda (“pai da Constituição”), han identificado múltiples inconstitucionalidades en las propuestas gubernamentales, especialmente en su aplicación retroactiva.
El ascenso del Chega redefine la agenda política
André Ventura ha completado su transformación política siguiendo el modelo trumpista, convirtiendo al Chega en la segunda fuerza política de Portugal tras superar al Partido Socialista en las elecciones de mayo de 2025. Esta victoria histórica —60 diputados frente a 58 del PS— ha reconfigurado completamente el debate sobre inmigración en Portugal.
La influencia del Chega en las políticas gubernamentales es evidente: el gobierno Montenegro adoptó medidas restrictivas que reflejan directamente la presión de la extrema derecha, incluyendo la eliminación del régimen de “Manifestaciones de Interés” y el anuncio de expulsión de aproximadamente 18,000 inmigrantes irregulares. El Barómetro da Imigração 2024 revela que el 68% de los portugueses considera la política migratoria demasiado permisiva, mientras que el 67,4% cree que los migrantes contribuyen a mayor criminalidad.
El partido ha ejercido presión sistemática a través de mociones de censura y chantaje parlamentario, condicionando su apoyo al presupuesto estatal a la implementación de políticas anti-inmigración. Como consecuencia, Montenegro adoptó la retórica de “puertas no completamente abiertas” y criticó al período socialista por permitir “inmigración descontrolada”.
Las propuestas de Montenegro: una reforma integral
Las reformas aprobadas el 23 de junio de 2025 incluyen cambios fundamentales que afectan todos los aspectos de la nacionalidad portuguesa. Para la naturalización por residencia, los plazos aumentan de 5 a 7 años para ciudadanos de países lusófonos y de 5 a 10 años para otros países. El cómputo del tiempo ahora comienza con la obtención del título de residencia, no desde la solicitud, mientras que nuevos requisitos incluyen exámenes de lengua, cultura y conocimiento cívico.
La medida más drástica es la extinción total del régimen sefardí: “Extingue-se o regime extraordinário de naturalização dos judeus sefarditas portugueses”, sin contemplar regímenes transitorios específicos. Esta decisión marca el fin definitivo de una política de reparación histórica que, según las estadísticas oficiales, había procesado 137,087 solicitudes entre 2015 y 2021, aprobando 56,685 casos.
Para la nacionalidad originaria, los hijos de extranjeros ahora requieren que sus padres tengan residencia legal mínima de 3 años, mientras que la nacionalidad ya no se atribuye automáticamente sino que requiere declaración expresa. La nacionalidad por ascendencia se limita hasta los bisnetos de portugueses, y se introducen nuevos casos de pérdida de nacionalidad para ciudadanos naturalizados condenados a prisión efectiva superior a 5 años.
Cronología legislativa: septiembre como fecha clave
El calendario legislativo establece septiembre de 2025 como la fecha crucial para la aprobación final de las reformas de nacionalidad. Aunque la Ley de Extranjeros recibió tramitación acelerada en julio, la Ley de Nacionalidad fue diferida específicamente para permitir análisis en la Comisión de Direitos, Liberdades e Garantias.
Las fechas confirmadas incluyen: el 4 de julio para el debate parlamentario inicial, donde las propuestas “baixaram à especialidade sem votação”; el 10 de julio para la aprobación de urgencia parlamentaria; y la votación final programada para “a última reunião plenária com votações regimentais do mês de setembro de 2025”.
Esta cronología es significativa porque permite tiempo adicional para análisis constitucional y posibles modificaciones, aunque el ministro Leitão Amaro ha expresado confianza en la aprobación final. El gobierno, pese a ser minoría con 91 diputados de 230, cuenta con el apoyo esperado del Chega (60 diputados) para asegurar la mayoría necesaria.
Inconstitucionalidades identificadas por Jorge Miranda
Jorge Miranda, junto con Rui Tavares Lanceiro, emitió un parecer jurídico devastador que identifica múltiples inconstitucionalidades en las propuestas gubernamentales. El parecer, citado por el Expresso, califica varios aspectos como “inadmisibles” à luz de la Constitución portuguesa.
La violación más grave es la aplicación retroactiva de las nuevas reglas a procesos iniciados después del 19 de junio de 2025. Miranda argumenta que esto “viola frontalmente la proibição de aplicação retroativa” de leyes restrictivas de derechos, fundamentado en el artículo 18.º, n.º 3 de la Constitución. Esta pretensión gubernamental compromete las expectativas legítimas de ciudadanos que iniciaron procesos bajo reglas anteriores.
El parecer identifica también violaciones del principio de igualdad en la posibilidad de retirar ciudadanía a naturalizados por cuestiones legales, introduciendo discriminación entre portugueses de origen y por naturalización. Las limitaciones propuestas al derecho de acceso a la justicia son calificadas como “excesivas e violadoras do princípio da proporcionalidade”.
El Tribunal Constitucional portugués ha desarrollado jurisprudencia extensiva sobre seguridad jurídica, estableciendo que “o Estado de direito é, também, um Estado de segurança jurídica” (Acórdão n.º 568/2016). Los precedentes incluyen el caso de los vistos gold (2023) y el de descendientes sefardíes (2024), donde se estableció que alteraciones retroactivas que prejudiquen expectativas legítimas violan principios constitucionales fundamentales.
Protecciones legales para casos presentados antes de septiembre 2022
Los casos sefardíes presentados antes del 1 de septiembre de 2022 mantienen protecciones legales sólidas basadas en el principio constitucional de no retroactividad. Estas protecciones están garantizadas por el artículo 2.º (Estado de Direito), artículo 18.º n.º 3 (prohibición de retroactividad) y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional sobre protección de la confianza.
El régimen de protecciones opera en tres niveles temporales: casos presentados antes de septiembre 2022 mantienen requisitos originales sin nuevos vínculos; casos entre septiembre 2022 y marzo 2024 aplican régimen intermedio del Decreto-Lei 26/2022; y casos posteriores a abril 2024 enfrentan los requisitos más restrictivos incluyendo residencia de 3 años.
Bufetes especializados confirman que los casos pre-septiembre 2022 están “a salvo dos cambios” y deben procesarse bajo normativa anterior. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre procesos iniciados ante la Comunidad Israelita de Lisboa y sobre el tratamiento de casos con donativos ya pagados durante el período intermedio.
Principio de no retroactividad: escudo constitucional
El principio de no retroactividad constituye el escudo constitucional más sólido para proteger casos sefardíes en curso. Este principio, fundamental en el ordenamiento jurídico portugués, impide que el Estado altere reglas de forma prejudicial a ciudadanos que actuaron confiando en normas vigentes.
Los fundamentos constitucionales son múltiples y sólidos: el artículo 2.º establece el Estado de Direito y seguridad jurídica como principios fundamentales; el artículo 18.º n.º 3 prohíbe específicamente la retroactividad de leyes restrictivas de derechos; y el artículo 103.º n.º 3 establece la prohibición general de retroactividad.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto de “protección de la confianza” como derivado del Estado de Direito, protegiendo expectativas legítimas de ciudadanos. El Acórdão n.º 128/2024 estableció que alteraciones retroactivas que perjudiquen expectativas legítimas violan principios constitucionales fundamentales.
Impacto en tiempos de procesamiento
El backlog masivo de aproximadamente 150,000 casos estimados continuará afectando los tiempos de procesamiento independientemente de las reformas legislativas. La situación actual muestra demoras significativas: procesos iniciados en marzo 2021 aún están en revisión, con hasta 2 años para obtener certificación de la Comunidad Israelita de Lisboa y 3-4 años adicionales para resolución ministerial.
Las mejoras tecnológicas implementadas en octubre 2024 incluyen una plataforma digital con inteligencia artificial que promete reducir tiempos de procesamiento. Sin embargo, las estadísticas oficiales revelan la magnitud del desafío: entre 2015 y 2021 se aprobaron 56,685 casos de 137,087 solicitudes, con 80,102 casos pendientes al final del período.
El clima político actual, caracterizado por presión anti-inmigración y escrutinio mediático, puede influir en la celeridad del procesamiento. Las reformas crean un incentivo administrativo para priorizar la resolución del backlog existente antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas, lo que podría acelerar paradójicamente algunos casos protegidos.
Diferencias entre restricciones generales y procesos sefardíes
Las reformas establecen un tratamiento radicalmente diferente entre la naturalización general y los procesos sefardíes. Mientras la naturalización general sufre restricciones (plazos aumentados, nuevos exámenes, declaración solemne), mantiene continuidad como vía de acceso a la nacionalidad. Los procesos sefardíes, por el contrario, enfrentan extinción total sin régimen sustituto.
Esta diferencia fundamental refleja un cambio conceptual: la naturalización general evoluciona hacia mayor exigencia pero mantiene su propósito integrativo; el régimen sefardí desaparece completamente, eliminando su carácter de reparación histórica. Los nuevos requisitos para sefardíes (residencia de 3 años, vínculos efectivos) los convierten en más restrictivos que la naturalización convencional.
El contraste es significativo: otros regímenes especiales como descendientes portugueses mantienen facilidades, y el matrimonio requiere solo 3 años de unión con mayor flexibilidad. La eliminación específica del régimen sefardí marca una ruptura histórica con políticas de reparación implementadas desde 2015.
Análisis de expertos: consenso sobre inconstitucionalidad
El consenso entre expertos legales es categórico sobre la inconstitucionalidad de múltiples aspectos de las reformas. Armindo Saraiva Matias de la Universidad Autónoma de Lisboa declaró inconstitucionales las modificaciones de 2022, argumentando que el reglamento no puede modificar ley superior. Ricardo Branco de la Facultad de Derecho de Lisboa critica el trato diferenciado y califica los requisitos como “excesivos e impossíveis”.
Los bufetes especializados han iniciado impugnaciones judiciales coordinadas contra las reformas. Larrauri & Martí Abogados califican las medidas como “rocambolescas” y confirman recursos en tribunales portugueses. Isabel Comte alerta sobre violación de expectativas históricas y conflictos con decisiones judiciales previas.
Las organizaciones sefardíes muestran posiciones divergentes pero convergentes en la crítica. La Comunidad Israelita de Lisboa solicita “escrutinio reforçado” y reuniones ministeriales, mientras mantiene apertura al diálogo. La Comunidad Israelita de Oporto adopta posición más confrontativa, acusando “antissemitismo” estatal. La Liga Antidifamación internacional expresó preocupación al Presidente da República.
Tranquilidad para casos en curso: protecciones efectivas
Los clientes de Asefarad con procesos sefardíes presentados antes de septiembre de 2022 pueden mantener confianza razonable en la protección legal de sus casos. Las salvaguardas constitucionales son múltiples y sólidas: principio de no retroactividad, protección de la confianza, seguridad jurídica y expectativas legítimas.
La cronología legislativa ofrece ventanas adicionales de protección. La votación final en septiembre permite tiempo para análisis constitucional y posibles modificaciones. El proceso de promulgación presidencial y eventual revisión del Tribunal Constitucional crea salvaguardas adicionales contra aplicación retroactiva.
Las impugnaciones judiciales en curso proporcionan protección procesal adicional. Los múltiples recursos presentados por bufetes especializados y organizaciones sefardíes crean un marco de protección judicial que puede suspender aplicación retroactiva hasta resolución final.
El análisis de constitucionalistas de prestigio como Jorge Miranda proporciona fundamento jurídico sólido para defensa de casos protegidos. La identificación de “múltiples inconstitucionalidades” sugiere alta probabilidad de éxito en impugnaciones judiciales bien fundamentadas.
Conclusión: navegando la incertidumbre con protecciones sólidas
La situación actual representa un momento de transición compleja donde coexisten protecciones legales sólidas para casos históricos con un clima político restrictivo que afecta nuevos procesos. Los casos sefardíes presentados antes de septiembre 2022 mantienen protecciones constitucionales fundamentales que han resistido cambios legislativos anteriores.
El contexto político, dominado por la ascensión del Chega y presión anti-inmigración, continuará influyendo en el procesamiento administrativo pero no puede alterar retroactivamente derechos constitucionalmente protegidos. La extinción del régimen sefardí marca el fin de una era, pero los casos en curso mantienen sus fundamentos legales.
Para clientes de Asefarad, la recomendación es mantener seguimiento activo de procesos en curso, documentar completamente el cumplimiento de requisitos aplicables en fecha de presentación, y mantener representación legal especializada para enfrentar posibles desafíos administrativos. Las protecciones legales existen y son sólidas, pero el contexto político exige vigilancia y preparación para defender derechos adquiridos.